Redaccion PN
La oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad, la morosidad y el endeudamiento familiar, además de avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La convocatoria reunió al peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y otros bloques, que buscarán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate. La fecha elegida coincidirá además con la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento para las universidades, los docentes y los hospitales universitarios.
La ofensiva contra el DNU tomó impulso después de que la Corte Suprema restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. El fallo reabrió el debate sobre el megadecreto de 2023, que ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero que todavía no tuvo una definición en la Cámara de Diputados.
La decisión judicial generó preocupación en la Casa Rosada porque podría poner en discusión la continuidad del DNU en su conjunto. El decreto abarca cuestiones como los alquileres, la privatización de empresas públicas y la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga.
Desde el oficialismo consideran prioritario preservar la vigencia del DNU 70 y evitar que la caída de un artículo pueda afectar al resto del decreto. En ese marco, el oficialismo analiza posibles concesiones a sus aliados y una de las alternativas que estudia es incluir un capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado y debe ser tratado por Diputados.
La estrategia opositora de reunir en una misma sesión las iniciativas sobre discapacidad, morosidad y el DNU busca garantizar el quórum necesario para abrir el debate. Una vez alcanzados los 129 legisladores, para rechazar el decreto se necesita una mayoría simple, equivalente a la mitad más uno de los presentes.
Hasta última hora del día previo a la convocatoria no estaban asegurados todos los respaldos necesarios y también se analizaba la fecha. Algunos legisladores habían planteado adelantar la sesión al miércoles, pero existía preocupación por posibles ausencias debido a que varios diputados viajarán a Brasil durante el fin de semana para participar de las elecciones presidenciales.
Finalmente, la oposición fijó el jueves 15 de octubre para el debate. La elección del día también responde a la intención de hacer coincidir la sesión con la marcha universitaria, una movilización que reclamará mayor financiamiento para las casas de estudio, los docentes y los hospitales universitarios.
La bancada de Unión por la Patria, conducida por Germán Martínez, acordó con otros espacios incorporar al temario los proyectos sobre discapacidad y morosidad. La decisión permitió sumar el respaldo de Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones y jefe del bloque provincial Argentina Federal, además del apoyo de sectores del centro que mantienen reparos respecto del rechazo al DNU.
Sin embargo, todavía no están asegurados los votos para aprobar las tres iniciativas. La discusión sobre discapacidad aparece como una de las más complejas, ya que el oficialismo presentó un proyecto que prácticamente convalida la prórroga de la emergencia. El rechazo del DNU 70/23 también enfrenta dificultades por las diferencias que existen entre los propios bloques opositores respecto de su contenido.
Algunos diputados que participarían de la sesión coinciden con aspectos del decreto vinculados con las privatizaciones o la ley de alquileres, mientras que otros consideran que el restablecimiento de la venta de tierras a extranjeros obliga a rechazarlo. Un legislador opositor sostuvo que “El DNU 70 ya cumplió su ciclo. Parte de lo que era caducó, muchas de las emergencias que describe ya no están, vencieron en 2025 y fueron reemplazadas por ley, como, por ejemplo, la reforma laboral”. Bajo ese argumento, planteó que el Congreso podría tratar proyectos específicos sobre alquileres, privatizaciones y libre elección de obras sociales sindicales.
